Durante el día de ayer martes 21 de mayo presenté la siguiente ponencia ante el Comité local de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos.
José M. Saldaña DMD, MPH
Hacia el territorio incorporado como paso irreversible hacia la estadidad.
Desafortunadamente la mayor parte de los puertorriqueños no tenemos clara la historia reciente de nuestro pueblo y nuestra relación con los Estados Unidos. Esto hace que la estimación actual de esa relación sea principalmente fundamentada en la emoción y no en la razón. Así las cosas, podemos sucumbir ante argumentos puramente emocionales para tomar la decisión final y firme que acabe de una vez por todas con la actual situación indigna de limbo político en que nos encontramos. Vamos a dar un repaso breve de esa relación para que nuestro futuro político sea uno racionalmente logrado. Que no sucumbamos ante entes políticos populistas de la izquierda que aprovechando la actual situación de crisis fiscal, económica y social en que nos encontramos sumidos nos vendan un romántico futuro utópico de ensueño.
Hasta principios del siglo 20 todas las posesiones adquiridas por los Estados Unidos pasaban a ser territorios incorporados -Ordenanza del Suroeste -o sea estaban en ruta a convertirse en un estado de la unión.
En 1898, como resultado del Tratado de París tras la Guerra Hispano- americana, España le cedió Puerto Rico a los Estados Unidos.
En 1900 el Congreso promulgó la Ley Orgánica (P.L.56-191) también conocida como la Ley Foraker, para establecer en Puerto Rico un gobierno popular republicano limitado. La isla estaba dirigida por un gobernador nombrado por el presidente y una Asamblea Legislativa electa.
En 1901, el Congreso influenciado por el Tribunal Supremo de la nación y ambos por la teoría racista de supremacía blanca de Abbott L. Lowell – expresidente racista de la Universidad de Harvard- determinó que, para fines de la Cláusula de Uniformidad de la Constitución, Puerto Rico no era parte de Estados Unidos. Pertenecemos a, pero no éramos parte de. El juez White en su opinión concurrente estableció el concepto de “no incorporación” cuando opinó que el Congreso tiene discreción para decidir si se incorporaba o no un territorio a los Estados Unidos, y cuándo. El Congreso entonces definió a Puerto Rico como un territorio “no incorporado” y por lo tanto concluyó que la Constitución y Carta de Derechos de Estados Unidos no se aplicaban íntegramente a la isla. Asi se nos impuso un estatus de territorio no incorporado. A pesar de que esa posición jurídica se pensó que sería por un tiempo (Dowell& Bidell), ese no ha sido el caso.
En 1917, con la Ley Jones (39 Stat.951) el Congreso de Estados Unidos les otorgó la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en Puerto Rico. Dicha ley también modificó la estructura del poder legislativo para incluir un Senado y una Cámara de Representantes.
En Balzac vs. Porto Rico 1922) el TS declaró que había una segunda clase de ciudadanos americanos que a pesar de haber nacido americanos no podían disfrutar de los mismos derechos constitucionales de los demás ciudadanos por haber nacido en el territorio no incorporado, esto a pesar de la opinión disidente del Juez John Marshall Harlan advirtiendo que ese estatus en forma indefinida crearía un sistema colonial horrendo y extraño a los principios constitucionales de igualdad.
El presidente de los Estados Unidos continuó nombrando al gobernador, y la ley les otorgó al presidente y al Congreso la autoridad de hacer caso omiso de leyes puertorriqueñas en ciertos casos. Tanto la Ley Foraker como la Ley Jones estipulan que las leyes federales de Estados Unidos se debían aplicar en general a la isla.
En 1946 el presidente Harry Truman designó a Jesús T. Piñero como el primer gobernador puertorriqueño sustituyendo a Piñero a Rexford G. Tugwell quien había sido designado por Franklin D. Roosevelt.
1947, el presidente Harry S. Truman promulgó la Ley de Gobernadores Electos (Elective Governors Act o P.L.80-362), que por primera vez autorizó al pueblo puertorriqueño a elegir a su propio gobernador. El primer gobernador de Puerto Rico electo por voto popular fue Luis Muñoz Marín, quien fue elegido en 1948.
Muñoz Marín propuso redactar una constitución de Puerto Rico, que consideraba proporcionaría una plataforma para la reforma económica y cambios políticos fundamentales. Para esto contó con el firme respaldo del gobierno del Presidente Truman y el Congreso.
En 1950, del Congreso promulgó la Ley de Relaciones Federales (Puerto Rican Federal Relations Act (P.L.81-600), autorizando a Puerto Rico a redactar su propia constitución “sobre asuntos de incumbencia puramente local” por medio de una Asamblea Constituyente que se requería para abordar dos elementos clave: primero, se requería que los constituyentes establecieran un tipo representativo de gobierno, y segundo, el proyecto de constitución debía incluir una carta de derechos.
La Asamblea, bajo el liderazgo del gobernador Muñoz Marín, se reunió durante varios meses y redactó la constitución. Esta fue ratificada por el pueblo de Puerto Rico el 3 de marzo de 1952. Fue aprobada subsiguientemente, sujeta a condiciones, por el Congreso y firmada por el presidente Truman como Ley Pública 82-447 (66 Stat.327) el 3 de julio, 1952.
La Asamblea Constituyente de Puerto Rico se volvió a reunir el 10 de julio de 1952 y aprobó las condiciones establecidas por la Ley Pública 82-447. El gobernador Muñoz Marín promulgó la constitución el 25 de julio de 1952 (conocido como “el Día de la Constitución” de Puerto Rico). Este proceso, aprobado por el pueblo puertorriqueño en un referéndum, creó lo que se denomina como el “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” (“Commonwealth of Puerto Rico”).
Las relaciones actuales entre Puerto Rico y Estados Unidos las continúan definiendo la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Relaciones Federales. Los asuntos de gobierno, tales como moneda, defensa, relaciones exteriores y comercio interestatal, están bajo la jurisdicción del gobierno federal. El gobierno local está a cargo de un gobernador y una legislatura bicameral elegidos por voto popular. Puerto Rico está representado en el Congreso de Estados Unidos por el Comisionado Residente, quien es elegido por el pueblo cada cuatro (4) años y es un miembro sin voto de la Cámara de Representantes. La política del poder ejecutivo federal es desde hace mucho tiempo que el estatus de Puerto Rico debe ser determinado por el pueblo puertorriqueño. El presidente Obama ha reafirmado esta política. Sin embargo, si el pueblo puertorriqueño opta por un cambio de estatus, tal decisión debe ser implementada por medio de legislación aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente.
Casos subsiguientes de la Corte Suprema crearon un marco para determinar caso por caso cuáles cláusulas constitucionales y leyes federales se aplicaban a territorios no incorporados.
Los tiempos han cambiado y los Estados Unidos no tienen como política pública mantener territorios indefinidamente. A pesar de haber celebrado en la isla varios plebiscitos – sin endosos total del Congreso – que han expresado la voluntad del pueblo de convertirnos en estado todavía sufrimos de este desigual, cruel y degradante estatus de territorio no incorporado.
Esta condición de inferioridad junto a la manera irresponsable en que por décadas muchos de nuestros gobernantes han incurrido en gastos más allá de nuestra capacidad económica, así como la devastación causada por el huracán María – el peor huracán en nuestra historia-han producido la peor crisis fiscal y económica que hoy nos aflige. Esto ha ocurrido ante la actitud de “benign neglect” por parte del Congreso.
Asi pues, luego de 126 años de padecer de un indigno y discriminatorio estatus de territorio no incorporado, los puertorriqueños continuamos resbalando en el fanguero colonial, excluidos de plena participación democrática pues no podemos votar para representación con voz y voto en el congreso de los Estados Unidos ni por el presidente de la nación de la que somo ciudadanos.
Esta situación de limbo político tiene un impacto negativo en toda nuestra sociedad de tal magnitud que nos puede llevar a tomar una equivocada y fatal decisión en términos de nuestro futuro ideológico y político. Es precisamente en este tipo de crisis económica y social que políticos populistas, demagógicos de la izquierda ideológica aprovechan para vendernos sueños utópicos de la necesidad de un cambio hacia un irreal futuro de justicia social basado en un socialismo que supuestamente distribuya en forma justa y equitativa la riqueza eliminando asi la pobreza.
Todo esto se exacerba a diario por la pujanza de sectores de la izquierda antiamericana opuestos a la actual administración de la isla. La libre asociación/ independencia propuesta por sectores del Partido Popular Democrático – el segundo partido político- y otras coaliciones existentes al presente, nos llevaría gradualmente sin retroceso posible al nefasto socialismo del siglo 21 de la Venezuela de Chávez y Maduro, lideres admirados por ellos.
Enfrentados por esta posible coyuntura, los que creemos en la democracia liberal norteamericana y el capitalismo no podemos asumir una actitud pasiva. Tenemos que constantemente informar a nuestro pueblo para evitar que cometa un irreparable error. Tenemos que unirnos y estar combativos. Es hora de que requiramos del Congreso un cambio en nuestra presente condición de territorio no incorporado y nos movamos al territorio incorporado como paso irreversible hacia la estadidad. Nuestra vida como pueblo está en juego. La Comisión de Derechos Civiles tiene la obligación ministerial de llamar la atención al gobierno de los Estados Unidos de esta realidad antidemocrática.
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